El águila imperial ibérica se aleja del peligro de extinción
El grupo de trabajo del águila imperial ibérica,
integrado por representantes de administraciones ambientales de España y
Portugal y que cuenta con el asesoramiento de expertos y entidades
especializadas, ha presentado los resultados del seguimiento y los trabajos de
conservación realizados a favor de una de las especies emblemáticas de la fauna
española, y única rapaz endémica de la península ibérica. Entre 2021 y 2022 se
censaron un mínimo de 841 parejas de águila imperial ibérica, 821 en España y
20 estimadas en Portugal. Estos datos suponen un incremento del 53% de la
población desde 2017, anterior año en el que se recopiló un censo coordinado a
nivel ibérico y que entonces ofreció 536 parejas.
La especie se sigue distribuyendo por cinco
comunidades autónomas españolas, aunque el número de provincias con presencia
de territorios se ha incrementado en este último censo coordinado hasta las 21.
A partir de 2018, Granada, Cuenca y Palencia ya albergan parejas reproductoras
de la especie. Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma que acoge mayor
número de parejas reproductoras; en 2022 se censaron 396 territorios de águila
imperial ibérica, lo que supone el 47% del total existente en España. Las
amplias zonas de esta región que cuentan con hábitats muy favorables para la
especie, asociados principalmente al valle del Tajo, entorno de Sierra Morena y
comarca de Campo de Montiel, han permitido un incremento relevante de parejas
y, al mismo tiempo, del número de ejemplares dispersantes asentados en
territorio castellano-manchego. Toledo se revela como la provincia clave para
esta especie, con 212 territorios contabilizados.
También en Andalucía se ha producido un incremento
muy importante de parejas, desde las 70 registradas en 2011 a las 136 de 2022,
con una notable ampliación del área de asentamiento de la especie que ha
alcanzado en los últimos años las sierras Subbéticas y la provincia de Granada.
Castilla y León cuenta con 131 parejas en clara tendencia expansiva,
principalmente hacia el norte de la región. La Comunidad de Madrid también
alberga una elevada densidad de águilas imperiales, alcanzando las 83 parejas
en 2022 (en 2008 eran 30). En Extremadura también aumentan la población de
águilas imperiales, aunque a un ritmo menor, acogiendo en 2022 un total de 75
parejas. Por su parte, Portugal informa de un mínimo de 17 parejas en su
territorio, estimándose la presencia posible de 20, principalmente distribuidas
por la región del Alentejo y en áreas limítrofes con Extremadura.
RECUPERACIÓN
DE LA ESPECIE
La población reproductora del águila imperial
ibérica ha mostrado una tendencia al alza desde que comenzaron los trabajos de
seguimiento y conservación, tras la protección de la especie y su inclusión en
el Catálogo Español de Especies Amenazadas. El primer censo nacional de la
especie, realizado en 1974 por Jesús Garzón, contabilizó únicamente 39 parejas.
Catorce años después de ese primer censo ya se superaba el centenar de parejas
(104) y la población siguió creciendo, a una tasa promedio del 6% anual para
llegar a las 841 del año 2022. En 2023 se prevé actualizar un nuevo censo
completo, que permita confirmar la tendencia creciente de la especie.
La labor desarrollada por administraciones públicas,
propietarios de fincas privadas, entidades conservacionistas e investigadores
ha contribuido a recuperar una de las especies más representativas de la fauna
ibérica. La contribución financiera del programa LIFE de la Unión Europea también
supuso en la década de 1990 un impulso importante para mejorar el conocimiento
de esta especie y de las amenazas que afronta, así como para desarrollar un
programa coordinado de actuaciones en nuestro país.
Los trabajos de adecuación de las características
técnicas de los apoyos de líneas eléctricas peligrosas han sido fundamentales
para mejorar la supervivencia de la especie, puesto que la electrocución en
estas estructurase ha sido –y sigue siendo– el principal factor de mortalidad
no natural del águila imperial ibérica. Desde la aprobación del Real Decreto
1432/2008 por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna
contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, las
administraciones públicas han invertido al menos 30 millones de euros en el
período 2008-2020, que se complementarán con otros 60 millones para el período
2021-2026 procedentes de los fondos Next-Generation de la Unión Europea.
Otro factor importante de mortalidad no natural ha
sido el envenenamiento con cebos tóxicos ilegalmente colocados en el medio
natural. Entre 1992 y 2017 se detectaron 195 ejemplares muertos por esta causa.
La aprobación de planes de actuación a nivel autonómico y la inversión en
métodos de prevención y persecución del uso ilegal de cebos envenenados han
posibilitado que esta amenaza se haya reducido proporcionalmente en los últimos
años. No obstante, existen otras amenazas que siguen afectando a la especie:
entre ellos, la persecución directa con métodos ilícitos (disparos, por
ejemplo), la intoxicación por ingesta de presas con altos niveles de metales
pesados (plomo principalmente) y, el desarrollo de infraestructuras que puedan
afectar negativamente a esta recuperación.
Por ello, a pesar de estos resultados positivos y del
exitoso ejemplo que supone el trabajo de conservación realizado con el águila
imperial ibérica, que ha permitido reducir significativamente su riesgo de la
extinción, aún es preciso seguir manteniendo los esfuerzos de seguimiento e
investigación, de inversión en arreglo de tendidos, de protección de áreas
críticas ante transformaciones del hábitat por implantación de desarrollos
energéticos y de conciliación de las prácticas desarrolladas en el medio rural.
Al tratarse de una especie endémica, España y Portugal tienen la máxima
responsabilidad a nivel global para asegurar la conservación de esta especie
considerada prioritaria en el conjunto de normas y convenios internacionales
sobre conservación de la biodiversidad.
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